Por: Agencia NOTIMEX
Ciudad de México. -Una investigación de la Auditoria Superar de la Federación reveló que la delegación del Seguro Popular en Michoacán tiene pendiente por comprobar el gasto de 3 mil 340 millones de pesos, provenientes de los presupuestos otorgados de 2011 y 2012. Pero que por razones que hasta ahora se ignoran, los siguientes titulares de la Delegación han callado dichos desvíos y malos manejos, entre los que se encuentra la actual secretaria de Salud, Diana Carpio.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su análisis a la Cuenta Pública 2017, expuso: “a 14 años de operación, la Comisión Nacional de Protección en Salud (órgano encargado de la regulación del Seguro), no cuenta con información ni con indicadores para evaluar el cumplimiento del mandato del Seguro Popular”.
Además, el 6 de agosto de 2017, Gabriel O´Shea, quien fue titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, daba cuenta a un diario de circulación nacional que lidiaba con los diversos actos de opacidad de las administraciones estatales en la transferencia de recursos al fideicomiso concentrador de los recursos del Seguro Popular.
Ponía como ejemplo que la ASF detectó que faltaba que la administración de Morelia, Michoacán, comprobara mil millones de pesos en 2011, y 340 millones de pesos al año siguiente, destinados al Seguro Popular.
Incluso se informó que Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Guerrero y Veracruz fueron las entidades con mayores observaciones de la Auditoría Superior con respecto a su transferencia de recursos al Seguro.
En lo que respecta a la cobertura de derechohabientes -uno de los logros que los gobiernos de 2005 a 2018 más presumieron- el análisis de la Cuenta Pública de 2017 señala que de 2013 a 2017 la cobertura bajó 6.2 por ciento.
Pasó de 55 millones 637 mil 999 asegurados a 53 millones 505 mil 187; y para finales de ese año había 14 millones 40 mil 428 personas sin ningún tipo de seguro médico.
Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en sus Estudios de la OCDE sobre sistemas de salud: México 2016, anotó: “a 10 años de la instrumentalización del Seguro Popular, el sistema de salud de México se encuentra en situación crítica”.
Agregó entre 2000 y 2012 la obesidad y el sobrepeso pasó de 62 a 71 por ciento en México; 15 por ciento de los adultos mexicanos vivían con diabetes, cuando el promedio de la OCDE era de 6.9 por ciento.
Y subrayó que la supervivencia a un infarto cardiaco en México era la peor estadística de sus miembros: uno de cada tres moría dentro del mes siguiente, mientras que el promedio entre el resto de las naciones miembros era uno de cada 10.
Además, el Seguro Popular no cubría infartos cardiacos en mayores de 60 años, no ofrecía diálisis luego de padecer insuficiencia renal, no daba cobertura a la esclerosis múltiple ni al cáncer de pulmón; en 2015, para acceder a una consulta, el promedio de espera eran tres horas en dicho sistema.
El discurso fundacional
Hacia 2005, el doctor Julio Frenk -uno de los principales críticos al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar- subrayaba una de las mayores bondades del Seguro Popular: la universalización que sustituiría la segmentación (varios sistemas de salud que se sobreponían, basados en los ingresos de la derechohabiencia).
“Lo que nos ofrece el Seguro Popular es finalmente donde todo mundo ejerce por igual su derecho, todo mundo es derechohabiente (…) se logra ya consolidar y proteger presupuestalmente las acciones de salud pública (…), un sistema mucho mejor financiado para responder a los nuevos retos de las enfermedades más complejas y costosas”.
Para 2016, la OCDE subrayaba que el sistema de salud en México continuaba como un conjunto de subsistemas distintos, con diversos niveles de atención, grupos objetivo, precios y resultados, y la afiliación no por necesidad sino por empleo.
En 2005 Frenk insistía en que, tras un proceso de consolidación de siete años, “tendremos un sistema que habrá superado la segmentación en lo financiero”, y que el proyecto “favorece a los más pobres”.
Pero 11 años después, la OCDE señalaba que el sistema de salud de México tenía un gasto administrativo (pago de salarios, entre otros) de 10 por ciento, uno de los más caros del organismo, además del gasto de bolsillo le costaba a la población cerca de 45 por ciento (los más pobres pagaban más).
Y advertía que “los recursos escasos de México no se están usando efectivamente (…) la atención primaria no está desarrollada”.
Antes, Frenk vislumbraba con el Seguro Popular: “un sistema que se desarrolla ya con un plan maestro de infraestructura, con sistemas regionales de atención de alta especialidad como son las unidades de especialidades médicas (…), capaz de llevar atención de la más alta calidad al lugar más remoto del país”.
