Por Arturo Ismael Ibarra Dávalos
Aparentemente la situación laboral en el país presenta una tendencia estable, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que la tasa de desocupación nacional como porcentaje de la población económicamente activa (PEA) es del 3.74% en el primer trimestre del año, este es menor al acumulado durante todo el 2015 que alcanzó un nivel del 3.96%, mismo que se encuentra por debajo del 6.5% promedio de los países que forman parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Sin embargo, este dato pudiera ser un tanto engañoso, la base de medición es la ocupación y no el empleo, además si se considera la problemática de informalidad (subempleo) existente del casi 60% de los trabajadores, la encrucijada es mayor.
El número de registros nuevos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es reducido y presenta una tendencia a la baja, comparando el primer trimestre del presente año contra el 2012, se observa una disminución del 36%, tema que se refleja directamente en el empleo solicitado por los universitarios, ya que los datos indican que el 10% de ellos se encuentran desempleados y únicamente el 56% de los mismos laboran en un ambiente formal.
Por lo que la situación laboral actual presenta indicios negativos y se podría decir que hasta deprimida, siendo el nivel de crecimiento de creación de empleo el más bajo desde mayo de 2010 (fuente Secretaría del Trabajo y Previsión Social), esto debe ser un foco rojo en la economía del país, ya que gran parte del reducido crecimiento que se presentado en los últimos tres años se ha fundamentado en el consumo interno, por lo que a menor empleo, la demanda interna se contrae, indicios que se empiezan a reflejar de acuerdo a la información de la ANTAD.
Considerando esta información y vislumbrando lo que puede venir en lo que resta del presente año, se espera un crecimiento que ronde un 2.3 o 2.4%, mismo que se encuentra en alfileres, ya que existe volatilidad importante en el entorno internacional y desafortunadamente un visión poco positiva al interior del país, con recortes en el gasto público que pudiera alcanzar el 1.5% del producto interno bruto (PIB) en el 2017, lo cual sería una disminución de 300 mil millones de pesos.
A este entorno se debe agregar una depreciación en el peso, que se encuentra en un rango del 4 al 7.5% y la deuda ya ronda el 50% del PIB, con un discurso de austeridad de nuestras autoridades, pero que en la práctica no se ve que el recorte se vaya aplicar en el gasto corriente, esperemos no se les ocurra la brillante idea de hacerlo en el gasto relacionado a infraestructura ya que el futuro cercano se vería fuertemente afectado de manera negativa.
Esta depreciación del peso no se ha terminado de reflejar en la inflación, aunque en algún momento de los tres años anteriores ha alcanzado niveles históricamente bajos, hoy se tiene la expectativa de que al final del presente año se encuentre en niveles del 3.1 – 3.2%, por lo que los movimientos negativos de la moneda empiezan afectar los precios de algunos productos importados o que cuentan con componentes de importación.
Si por último la expectativa que se tiene en incrementos en la tasa de referencia de cerca de 50 puntos bases, con lo cual al final del año alcanzará un nivel de 4.25%, puede de igual forma desincentivar el consumo ya que el crédito se encarecería, y este ha sido parte del motor de consumo interno junto con el incremento de las remesas y no del incremento de la base salarial de los trabajadores.
Así, el país se encuentra en una encrucijada, por un lado la situación laboral pese al gran esfuerzo realizado por la cúpula empresarial, donde se incluye a la pequeña y mediana empresaria no termina de fortalecerse y por otro la política económica parece que toco fondo en las posibilidad de conseguir un crecimiento importante y sostenido en la economía que favorezca la creación de un círculo virtuoso para el trabajador, emprendedores, empresarios y sociedad en general donde se distribuyan los recursos de una manera más equitativa y se refleje en los bolsillos de la población y no únicamente en el control de los estándares macroeconómicos.
