Por: Redacción.
Morelia, Michoacán. – El viernes policías municipales se liaron a golpes con una familia de morelianos, padres de un menor en silla de ruedas. Los agentes, como ya se ha vuelto una práctica común, llegaron prepotentes, exigiendo y pretendiendo sancionar, antes de preguntar cualquier cosa. Bien dice, el sentido común no se vende a granel, hay que forjarlo.
En el desafortunado vídeo, que ya está en todas las rede sociales, se observa como se acaban al menos dos botes de gas pimienta, se hacen de empujones y puñetazos, con todo y que la gente grita y repite ¡Hay niños! ¡El niño está en silla de ruedas! Mientras apunta al interior de la camioneta, hecho que a los flamantes agentes parece poco importar.
Al final, como dieron a conocer en un comunicado oficial, los civiles fueron llevados al juez Cívico y los sancionó, pero nada dijo la Comisión Municipal de Seguridad de investigar sobre el actuar de los policías; de querer hacer las cosas con transparencia ahí bien puede acudir al menos a los testigos, empleados en su mayoría de los comercios cercanos.
Retomando ¿Pero, entonces a quién o qué intereses responden los jueces cívicos? ¿Y, a dónde van a parar las miles de multas que se generan al año? La ley estipula que los jueces los nombra el Ejecutivo Local, sin embargo el modelo está poco claro, porque al momento de ponerlo en marcha olvidaron que no cuenta Morelia con la infraestructura de videovigilancia en todas las carreteras que pasan por el municipio, las principales avenidas, colonias, tenencias y comunidades. Además de que en las audiencias los juzgadores incurren en actos poco convencionales como hacerla de abogado defensor y acusador, realidad que se contrapone a los principios del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en el que dicen se basan.
Además de que la gran mayoría de los automovilistas, incluso las patrullas, no cuentan con estos sistemas de vigilancia, de tal modo que al haber señalamientos de las autoridades sobre presuntos actos irregulares por parte de los automovilistas o en general de un ciudadano sólo es una palabra contra la otra, la del Policía Municipal contra la de los morelianos. La que hasta ahora lleva ventaja, y por mucho.
Cifras oficiales del 2018 revelan que el año pasado se celebraron 20 mil 950 audiencias en los juzgados cívicos, de las cuales 18 mil 739 terminaron en el pago de una multa, mil 975 se conmutó y solo en 185 casos se le dio la razón al ciudadano.
Es decir, si tu tienes un conflicto con los policías municipales tienes menos del 1 por ciento de probabilidades de que el juez, ese que juró velar por la justicia, te de la razón. Más si fue en una de esas colonias populares donde no hay ni agua potable, menos una cámara de vigilancia.
Sin embargo el ayuntamiento actual, al igual que entonces el ex comisionado Municipal de Seguridad, Bernardo León Olea, defiende a capa y espada este modelo ¡Pero, claro que si! ¡Quién se atrevería a hacerle el feo a la gallina de los huevos de oro! Con todo y que esto significa sangrar el bolsillo de los poquísimos morelianos que pagan impuestos, porque el resto, más de la mitad, coexisten con la pobreza: 640 mil 456 ciudadanos, para ser exactos, según el Censo del INEGI.
Ahora habrá que ver si la Cuarta Transformación en Morelia decide hacerle justicia a los morelianos o si voltea la vista a otro lado, mientras se hinchan sus bolsillo con las multas.
