Por: Juana Belén Gutiérrez
Imagine usted que un mal día resbala por las escaleras de su casa y requiere atención médica. Por suerte trabaja en una empresa que le tiene asegurada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que si bien por un lado constituye horas de espera para que se le atienda, por otro significa no erogar del bolsillo el recurso que significa un accidente.
Eso pensaba Andrea Verdín, excorresponsal del desaparecido diario Provincia, quien encima de contar con cuatro quincenas de atraso en el pago de su salario, se encontró con la sorpresa de que el diario al que había ingresado desde el 16 de agosto del 2018 no la había asegurado más de dos meses y medio después de haber ingresado a laborar.
Andrea ya tenía pensado renunciar a la empresa por los retrasos en los pagos de nómina y lo que le ocurrió el 3 de noviembre pasado fue la gota que derramó el vaso. Resbaló por las escaleras y le atendieron en Urgencias del IMSS. Resultó con un esguince y le remitieron a la Clínica para continuar la atención médica.
Grande fue su sorpresa cuando le negaron la atención médica debido a que no estaba dada de alta pese a cumplir ya casi tres meses en la empresa. Puso al tanto de la situación a su jefe inmediato, Osiris Olachea y le informó su decisión de renunciar. Éste la remitió al área de Recursos Humanos donde le atendió Melisa Elizondo, quien le informó que se trataba de un error de RH no darla de alta al IMSS. “Quédate con nosotros, te aseguramos y te damos una quincena”, fue la respuesta que obtuvo.
Finalmente Andrea tuvo que pagar de su bolsa 3 mil 500 pesos para continuar la atención médica con un particular, renunció al diario e interpuso su demanda en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Zamora. Los representantes de la empresa brillaron por su ausencia en las citas que hubo para intentar conciliar; la próxima audiencia está programada para el 31 de mayo.
Difícil creer la versión de Recursos Humanos respecto a que se trató de un descuido pues ya existían precedentes al menos desde marzo del 2016 respecto a la negativa de atención médica a personal que laboró en esa empresa, así puede constatarlo también Alejandro Amado, quien laboró como reportero gráfico por poco más de dos años en “El Diario Grande de Michoacán”.
De la misma forma le dijeron en la Unidad de Medicina Familiar No. 80, ubicada en Morelia, que no podían prestarle atención médica debido al incumplimiento en los pagos por parte de su entonces patrón pese a existir la retención en los recibos de nómina.
Entre que son descuidos o decisiones alevosas que violentan los derechos de los trabajadores de los medios, lo cierto es que se violó con total impunidad el punto XVII del Artículo 304 de la Ley del Seguro Social al retener las cuotas y no enterarlas al IMSS.
Es así que los abusos cometidos contra comunicadores podrían ir más allá de las violaciones a los derechos laborales de periodistas y constituirse en delitos si se demuestra que, como lo señala el Artículo 307 de la citada Ley, se trató una defraudación a los regímenes del Seguro Social al haber “el patrón o sus representantes hecho uso de engaños o aprovechamiento de errores” que omitan total o parcialmente el pago de cuotas obrero patronales u obtengan un beneficio indebido en perjuicio del IMSS o de los trabajadores. El perjuicio es claro pues se violentó el derecho a la salud por parte de los extrabajadores.
Ahora sólo falta ver si al flamante delegado del IMSS, Enrique Ramón Orozco, no le tiembla la mano, como sucedió con sus antecesores, a la hora de aplicar la Ley. Seguramente lo sabe, pero no está de más recordarle que de acuerdo al Artículo 306 de la misma Ley del Seguro Social, la defraudación a los regímenes del IMSS no alcanza pena pecuniaria y el Artículo 308 señala sanciones de prisión que van de los tres meses hasta los nueve años, de acuerdo al monto de lo defraudado.
De paso, y si no es mucho pedir, cabría la petición al nuevo delegado, o en su defecto al director general del IMSS, Germán Martínez Cázares, de poner a su gente a trabajar para revisar la serie de irregularidades de la que son víctimas los comunicadores: obligación a trabajar en días festivos, nulo pago de horas extras, la imposición de fechas para poder tomar vacaciones pese a haberse cumplido el término legal para poder disfrutar de ellas, solo por mencionar algunas.
Que lo sucedido a los compañeros de Provincia sea punto de partida para poner a prueba la autodenominada “Cuarta Transformación”, que por lo que toca al gremio periodístico, ha pasado de noche.
Lo escrito dentro de las columnas es opinión del autor, no representa la de Estenófrafo y es responsabilidad de quien lo escribe.
