Por: Rodrigo Antúnez Álvarez
La obligación del gobierno del estado de brindar seguridad y justicia a los ciudadanos no ha sido cumplida, hemos visto reflejado el deterioro de la seguridad a través de los índices delictivos que nos presentan una triste realidad: solo en el 2018 se cometió la mayor cantidad de homicidios dolosos desde el 2015, año que toma protesta la actual administración. Tenemos un gobierno estatal completamente desdibujado que ha destacado más por sus fallas que por sus aciertos. La estrategia en materia de seguridad y justicia, como muchas otras, no ha brindado los resultados que exige la ciudadanía, y, por si fuera poco, el panorama político estatal, así como la relación del estado con la federación no pintan nada bien.
Ante la crisis de seguridad y justicia que vivimos los Michoacanos, la conformación de la Ley Orgánica de la Fiscalía y la elección del fiscal general se convirtió en la oportunidad para pasar a una nueva etapa donde a la Fiscalía se le dotara de una autonomía, no solamente presupuestal, sino también política. Desgraciadamente el Gobierno Estatal y el Congreso del Estado no magnificaron la importancia de esta decisión, y como es costumbre en nuestro estado, optaron por el camino de la conveniencia política por encima del interés público.
Nuestros diputados, faltando a su compromiso con la rendición de cuentas y con la transparencia, sin escuchar las voces de expertos y organismos sociales, aprobaron una ley orgánica de la Fiscalía insuficiente que más que ser un cambio profundo fue un simple cambio de nombre. Por si fuera poco, y con una urgencia que no se entiende, este domingo en una sesión, que debió ser pública, a puerta cerrada, se consumó la elección del primer “fiscal carnal” del estado mediante una votación secreta.
El no conocerse como voto cada legislador ocasionó que distintos partidos y corrientes políticas salieran el día de ayer a prometerle a los ciudadanos que sus diputados no votaron por el “fiscal carnal”, sin embargo, los números simplemente no cuadran, lo cual nos lleva a la conclusión: alguien nos está mintiendo.
Los ciudadanos tenemos que exigir que los legisladores nos aclaren su voto, ya que en un tema tan importante para todos no podemos permitir que prevalezcan los intereses políticos sobre los intereses de los ciudadanos.
El hoy primer “fiscal carnal” del estado, fue el coordinador de campaña de Silvano Aureoles, coordinador general de su equipo de transición, secretario de Gobierno, hasta 2018, diputado y coordinador de la fracción del PRD, ¿así o más cercano al gobernador?. No es un tema de capacidad, es un tema de lógica donde las relaciones políticas y personales son claros conflictos de intereses, no se va a juzgar a quien se le debe la vida política.
En conclusión, los michoacanos nos encontramos en un estado con un incremento constante de los índices de delitos e impunidad incontrolable, una Ley Orgánica de la Fiscalía a modo sin contrapesos significativos, un fiscal que durará en el cargo 9 años con un claro conflicto de interés, y una sociedad completamente dormida jugando el papel de espectador.
Siempre decimos que la luz se vera al final del túnel, pero los michoacanos no hemos visto la luz desde años, y, no nos dejemos mentir, es por un grupo de personas que no trabajan para los ciudadanos sino para sus intereses. Habrá que recordarles a los diputados y todos los que forman parte de la estructura gubernamental que eventualmente regresaran a ser ciudadanos comunes y corrientes, y que al igual que todos nosotros también sufrirán las consecuencias de sus decisiones.
