Por: Carmen Ventura
Morelia, Michoacán. – En el contexto del próximo nombramiento del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, es necesario reflexionar sobre el perfil idóneo. La tarea institucional es monumental, vigilar el respeto de los Derechos Humanos de los ciudadanos. Sin embargo, la encomienda mayor es con la sociedad, no como un ente abstracto al que se refieren de manera demagógica la clase política, sino con una gran diversidad de ciudadanía que cada vez más reclama el ejercicio de sus derechos incluyendo sus derechos a la diferencia.
La gama de derechos se ha ido expandiendo conforme ganan terreno jurídico las luchas sociales, participando de manera activa en la construcción del Derecho que, a nuestro modo de ver, es un campo en disputa. Derechos que van desde el reconocimiento de las comunidades lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero (LGBTTTI) pasando por el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, al agua, a la educación. Así como también, el derecho a la no discriminación, a la justicia, a la libertad de expresión, de pensamiento, entre otros.
Igual de importante que los derechos individuales, están los derechos de las colectividades, de los pueblos y comunidades indígenas, sus derechos a la libredeterminación, a la autonomía, al nombramiento de sus autoridades, a su territorio y ejercer en éste su gobierno y justicia de acuerdo con sus propios sistemas normativos y; a decidir sobre el aprovechamiento de sus recursos naturales, por mencionar algunos.
De este modo, al cumplimiento de los requisitos para ocupar este cargo, habrá que agregar no sólo el conocimiento amplio de los derechos humanos, sino también la experiencia y vinculación con distintos sectores.
Contar con un programa de trabajo que comprenda la perspectiva de género, la dimensión intercultural y la amplia diversidad; así como la sensibilidad de escuchar y acompañar a todos esos colectivos, redes y organizaciones que desde hace varios años han sido revictimizados por el Estado, ante su autismo social, me refiero a las agrupaciones de mujeres en contra del feminicidio, de las cientos de mujeres y hombres que buscan a sus familiares desaparecidos, a la miles de familias desplazadas por la violencia y a todos aquéllos que claman justicia frente a los asesinatos de los defensores del territorio.
Todo ello forma parte de las tareas apremiantes de un titular de este organismo, el compromiso social es imprescindible, así como la legitimidad que da el ser postulado y avalado socialmente.
Uno de estos aspirantes es el abogado David Romero Robles, originario de la comunidad de Cherán, que no sólo cumple los requisitos institucionales, sino que cuenta con el respaldo de su propia comunidad y de otros sectores, vivió en carne propia y tiene una amplia experiencia del proceso de Cherán para enfrentar la violencia, en la reorganización comunal en la defensa de su seguridad, pero también en la reconfiguración del gobierno comunal, formó parte del primer Consejo de Gobierno y ha sido su asesor desde el 2011; la lucha de Cherán es conocida no sólo en el plano nacional sino también internacional.
No es momento de la continuidad de los favores políticos o del reparto de cargos entre los partidos como resultado de sus negociaciones. Habrá que dar paso a nuevos perfiles comprometidos con la sociedad, la compleja realidad que vivimos así lo exige. Es una encomienda de la que estaremos atentos, que como todo nombramiento comunal conlleva la vigilancia social y el rendimiento de cuentas.
