Por: Redacción
Ciudad de México. – Las leyes mexicanas para regular la utilización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) han seguido el enfoque de Estados Unidos al centrarse en el producto y no en el proceso, explicó la doctora Alma Piñeyro Nelson, académica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Dicha normativa –que quedó plasmada en la Ley de Bioseguridad de OGM aprobada en 2005– inicia con una postura precautoria que luego se desdibuja debido a la lógica de funcionamiento calcada de la legislación estadounidense, que es muy laxa en el uso de esos organismos; las agencias regulatorias de aquel país pueden o no ejercerla y tienen una política de puertas abiertas a su utilización, refiere un comunicado oficial de la UAM.
Al participar en el Coloquio Biotecnología, semillas, soberanía alimentaria y sociedad. Situación de conflicto de los cultivos genéticamente modificados, realizado en esa sede universitaria, sostuvo que muchas veces las personas que promueven el uso de transgénicos asumen que como no hay pruebas de daños, entonces no los hay y eso ha sucedido porque no se han hecho las evaluaciones pertinentes.
En el país vecino si un organismo genéticamente modificado es equivalente a su contraparte no genéticamente modificada se puede decir que son iguales y que la normativa que se aplica a un cultivo convencional puede ser extrapolada a uno que sí está genéticamente modificado, a ello le llaman Equivalencia Sustancial.
En 2007, un análisis proteómico la contradijo, ya que al comparar las proteínas expresadas por una planta de maíz genéticamente modificada con la versión no modificada del mismo genotipo cultivado bajo las mismas condiciones en un invernadero biocontenido, encontraron que el patrón proteómico cambiaba y lo único que las separaba de manera relevante era la construcción recombinante que puede generar modificaciones metabólicas negativas significativas.
La investigadora del Departamento de Producción Agrícola y Animal dijo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es la encargada de hacer las evaluaciones de inocuidad de alimentos que serán destinados al uso humano, pero su sistema de análisis de riesgo en realidad es sólo teórico.
No se puede demostrar en su totalidad el no riesgo, pero sí el comparado, aunque lamentablemente no se hace. La tecnología de los cultivos transgénicos, como ha sido implementada en México, transfiere los peligros a la esfera de lo público y los beneficios a lo privado.
Al referirse al libro Genes alterados, verdad adulterada, del doctor Steven M. Druker, la doctora en Ciencias por la UNAM indicó que la publicación presenta una discusión sobre el concepto de riesgo, peligro y evaluación de los OGM, así como un análisis de la secuencia que se sigue en diferentes documentos de posicionamiento de sociedades científicas importantes, como la canadiense o la estadounidense en cuanto a los transgénicos y su uso en el campo.
El autor relata y documenta cómo el proceso de transgenización de los alimentos en Estados Unidos ha involucrado a consorcios transnacionales de Estados Unidos, a la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) –contraparte de COFEPRIS de México– al ejecutivo federal, a miembros de la comunidad científica de ese país y a instituciones científicas prestigiosas, y señala cómo estos actores se confabularon para burlar la ley, distorsionar la verdad científica y engañar al pueblo estadounidense y a su Congreso.
Presente en el Coloquio, el doctor Druker aseguró que en Estados Unidos los esquemas de regulación sobre alimentos genéticamente modificados se ha basado en elementos que no son científicos; por ello el debate al respecto no está acabado y más bien es necesario revitalizarlo, haciendo a un lado la mala información que se ha manejado durante años, como la que sostiene que aquéllos son sometidos a análisis rigurosos, lo cual es falso.
Hace ya varios años, Canadá declaró que la alteración genética de los alimentos ha provocado efectos adversos, además algunas publicaciones científicas en otros países del mundo han manifestado su preocupación al respecto, no obstante la certificación que han validado algunas comunidades científicas sobre la inocuidad de este tipo de alimentos; un comportamiento que se presume responde a los intereses de las corporaciones que producen dichos comestibles.
Alrededor del mundo diversos artículos han demostrado la presencia de toxicidad en los productos genéticamente modificados al hacer estudios en ratas por largos periodos de tiempo, los cuales han sido rebatidos o desacreditados por las empresas que trabajan con éstos.
María Colín, campañista legal de Greenpeace México desde hace 18 años, planteó la necesidad de cambiar la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que no ha sido tocada desde 2005.
Para poder garantizar el derecho de la protección al medio ambiente y a la diversidad es necesario revisar las definiciones contenidas en dicha norma sobre centros de origen y diversidad genética para ampliarla en el sentido de incluir, no sólo factores genéticos, sino también sociales, antropológicos, ecológicos y evolutivos.
En términos legales y en contra del derecho humano del consumidor la denominada Equivalencia Sustancial impide que los productos transgénicos sean etiquetados; únicamente ocurre con productos de OGM cuando las características sean significativamente diferentes respecto de los productos convencionales.
Colín consideró que debe abrirse un debate para promover que las nuevas técnicas de mejoramiento genético se sometan a análisis de riesgo y que queden plasmadas en la Ley de Bioseguridad, y someterlas a discusión en mesas de trabajo en un ambiente plural y multidisciplinario para presentarlas ante el poder legislativo, considerando el factor socioeconómico y cultural.
“En estas discusiones es muy importante permitir la concurrencia, es decir, la participación de estados y municipios en la confección de las leyes de bioseguridad en nuestro país”, aseguró la licenciada en Derecho.
