Por: Fausto Cárdenas.
Pátzcuaro, Michoacán. – Segunda etapa del Plan Integral de Seguridad podría ser un fracaso; 10 de los 17 ayuntamientos no firmaron y en Lázaro Cárdenas le fueron impuestos, sin su voluntad, a la alcaldesa un grupo de policías certificados del Estado.
El Gobierno de Michoacán podría estar a nada de enfrentar una demanda por violar la autonomía política del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, consagrado en la Constitución Mexicana, encabezado por la alcaldesa María Izte Camacho, ya que le asignaron 30 agentes cuando esta se negó a firmar el acuerdo para integrarse a esta segunda etapa de la estrategia.
También a esta nueva forma de hacerle frente al crimen organizado, anunciada desde hace semanas con la llegada del secretario José Martín Godoy, que además de inconformidad de los alcaldes trajo una marcha de policías, no quisieron firmar el edil de Múgica, Raymundo Arreola; Gordiano Zepeda, de Buenavista, ambos ayuntamientos con álgidos periodos de violencia homicida.
Tampoco firmaron Parácuaro, Gabriel Zamora, Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec, La Huacana y Churumuco, todos ayuntamientos donde se han experimentado hechos relacionados con la violencia y el crimen organizado.
En marzo del 2017 en la población Huerta de Gambara, en Churumuco, se enfrentó el crimen organizado y derivó en la muerte de 11 personas; en tanto Tepalcatepec ha sido escenario de bloqueos; en Parácuaro, fue asesinado su ex alcalde a balazos a la entrada en su domicilio.
En La Huacana no es diferente. En días pasados personal de la Secretaría de la Defensa Nacional fue desarmado y obligado por pobladores entregar armas que horas antes había decomisado.
A lo anterior, habría que añadir que el capricho de esta estrategia descobija a municipios como Zamora y Tangancícuaro, donde las policías estan vulneradas y el último año la violencia se ha recrudecido. Lo mismo pasa con Uruapan.
También sucede que el Estado tendrá que erogar el pago de hospedaje y alimentación, la que los ayuntamientos, incluso los que si aceptaron la presencia de los policías, se negaron a pagar, dejándo solo al Gobernador Silvano Aureoles en esa estrategia.
