Por: Redacción
Morelia, Michoacán. – No sólo en la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Morelia se nombra funcionarios con antecedentes de tortura, el fiscal General Adrián López Solis ascendió de cargo a Julio Meza Gaona, señalado de haber incurrido en tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de una pareja y su menor hijo ¡De 2 años enfermo!
De acuerdo a una investigación especializada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el pasado 1 de agosto el ahora coordinador de la Policía Ministerial Investigadora ingresó sin orden de cateo a un hogar a detener a un hombre, argumentando que era investigado por el delito de secuestro.
Sin embargo, la adrenalina superó al entonces agente de la Unidad de Combate al Secuestro, o tal vez premeditadamente, se llevó a la mujer del sospechoso y a su menor hijo, a quienes privaron de la libertad en las propias instalaciones de la otrora Procuraduría.
“día 01 de agosto del año en curso, me encontraba en mi domicilio en compañía de mi esposo de nombre
XXXXXXXXX de 32 años de edad y mi menor hijo de 2 dos años de edad, siendo aproximadamente las 11:00 de la mañana y sucede que estando mi esposo metiendo el carro a la cochera de mi domicilio, yo observando como lo hacía, llegaron 2 camionetas, una pick up, de 4 cuatro puertas, color blanca y otra tipo ben cerrada, con publicidad comercial y/o servicio, sin recordar específicamente lo q decía por ser todo muy rápido, y además un vehículo, que decía taxi, por lo que se bajaron unos 10 elementos que vestían de civiles y apuntándonos con armas largas, como rifles, nos subieron rápido a los carros, a mi esposo lo subieron a la camioneta tipo pick up de color blanco y a mí y mi menor hijo, nos subieron a un carro que decía taxi, agachándome de la cabeza, tapándome la cara y esposándome, ordenándome que no mirara al exterior, trayendo conmigo a mi menor hijo, nos trasladaron a la Fiscalía especializada en materia de antisecuestros, y a mí con mi hijo me llevaron a un cuarto…”, refiere la recomendación MOR/1970/17, hecha pública el pasado 6 de marzo del 2018.
No suficiente con la experiencia de ser privados de la libertad por autoridades, le añadieron una presión extra a la tortura emocional.
“…me insistían en que mi esposo era un violador, que dijera la verdad o que si no, me iban hacer ami lo mismo, refiriéndose a que me iban a violar, y diciéndome que sino saliendo de ahí personas muy influyentes me iban a violar, retirándose del lugar en el que me tenían privada de mi libertad…”, por si fuera poco, durante ese día y las horas siguientes no permitieron a la víctima atender a su pequeño, que se deshidrataba y batía en su propia mierda en el cuarto donde los tenían, porque ni medicinas ni pañales les daban para atender la infección estomacal que el pequeño tenía.
Los ruegos de la madre, y quizás un poco de temor porque la enfermedad del niño se agravara, le dieron a la madre pañales y comida para el menor, pero nada de medicinas.
Acto seguido, relata la víctima, se le permitió ver a su marido, con lo que constato había sido brutalmente golpeado.
Luego de reunirse con el marido, otra sentencia llegó a los oídos de la declarante un agente de arribó a los dormitorios y le dijo que “ si quería salir de ahí, debía decir cosas en contra de mi esposo, porque había una persona muy influyente que quería que lo metieran a la cárcel y estaba haciendo todo lo posible, que lo pensara, y que sino declaraba en contra de mi esposo, me quedaría y se llevarían a mi hijo los del DIF… si yo buscaba apoyo de abogados y me presentaba en los juzgados me iban a matar, que porque mi esposo era un secuestrador y un violador, amenazándome en todo momento, que si yo ayudaba a mi esposo él me iba a violar, tocándome los senos, mi vagina, mis glúteos y que así me iban a pasar cosas a mí, a mis hijos y a mi
familia…”
Después de las horas de tortura psicológica, fue obligada a firmar una declaración, una que según la mujer nunca hizo y solo le fue entregada para firmar, testimonio que la CEDH omitió, cuando la tortura significa el ejercicio de la violencia para obtener una confesión, lo cual aconteció en este caso, a decir de la relatoría.
Tras haber accedido a todas las peticiones de los agentes ministeriales Julio Meza Gaona, Alejandro Contreras Ramírez, Ijmele Díaz Abrego, Rafael Lucas Calixto y Francisco Gutiérrez Contreras fue liberada, pero su marido continúo su proceso, en el que también incluyeron técnicas de tortura como la bolsa y el famoso chilito en la nariz.
Como en otros casos, la Fiscalía General del Estado, entonces a cargo de José Martín Godoy Castro, no admitió la queja y esta derivó en la recomendación, la que hasta ahora se ignora si se esta dando cumplimiento.
No obstante ese pasado, Adrián López Solís, le dio el nombramiento de coordinador General de la Policía de Investigación.
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En relación a los hechos de tortura el nuevo Secretario de Seguridad Pública, José Martín Godoy Castro, alega que son meros recursos de la defensa, pero lo cierto es que el número de casos judicializados esta muy por debajo del 50 por ciento de los denunciados, por lo que de ser un recurso de este tipo, lloverían en los juzgados las quejas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Además, al negar los hechos, se echa por tierra las investigaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que incluyen protocolos internacionales validados por organismos extranjeros como los ideales para detectar actos de tortura y violaciones a los derechos humanos, donde se haya ejercido abuso excesivo de la fuerza.
