Redacción/Estenógrafo
Ciudad de México.- Desde la creación del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, no ha caído en Michoacán ni un solo pez gordo; los políticos que se presume hundieron a Michoacán siguen en el Poder, ahora dirimidos bajo el manto de Morena. Pero no son los únicos, hay políticos en el poder sobre los que pesan denuncias, supuestamente hay denuncias, pero no hay acusaciones directas a quienes ejercieron el poder en los tribunales; el Consejo de Participación Ciudadana del SEA no inicia investigaciones, cuesta más a los ciudadanos que los frutos que da.
En septiembre del año 2020, el entonces alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco hizo público que se habían presentado 55 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por el abogado Alejandro Carrillo Ochoa.
La Contraloría Municipal habría encontrado irregularidades en la ejecución de obra pública, como fue el caso del llamado parque lineal río Chiquito, en el que se compraron bancas de madera por precios estrafalarios de 54 mil pesos.
El desfalco al erario público se calculaba entonces en 399 millones de pesos y 55 denuncias hasta ese momento, a los que habría que añadir cuatro presentadas por el vocero de la alianza Morelia Al Frente, Miguel Ángel Chávez Zavala.
Las investigaciones por delitos como peculado iban en todas direcciones, alcanzando hasta el propio Alfonso Martínez Alcázar, funcionarios de primer nivel del gabinete municipal y mandos medios, pero cuyas investigaciones jamás se hicieron públicas, pese a que había antecedentes suficientes que hacían suponer que los ex funcionarios buscarían cargos públicos y los votantes tenían derecho a conocer los antecedentes de quienes tocarían sus puertas buscando su simpatía de cara a las elecciones 2021.
De las 55 denuncias presentadas por la entonces administración morenista contra el ex alcalde independiente, según informó el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Alejandro Carrillo Ochoa, 33 procedieron conforme a derecho, pero no todas se judicializaron, es decir, se optaron por medidas diversas, como la reparación del daño, el no ejercicio de la acción penal y también el archivo, todos recursos legales.
“Algunas de las denuncias se han estado resolviendo de acuerdo a lo que establece el código cuando se determina o se aclara… hay que tomar en cuenta que muchos de los temas que se manejan son cuestiones administrativas… cuando vemos y se aclara el tema, bueno… no hay ejercicio de la acción penal, en algunas otras estamos próximos a solicitar audiencias de vinculación…”, declaró el pasado 23 de agosto.
Entre los argumentos vertidos por el fiscal para no ventilar los nombres de los ex funcionarios que están bajo investigación es el principio de presunción de inocencia, mismo que parece permanecer aun después de ser sentenciados y condenados, ya que los casos de este tipo poco o nada se conocen a nivel local. Como tampoco se ventilan la lista de los funcionarios sancionados por la Secretaría de Contraloría Local o Federal, materiales tan escondidos en las áreas de transparencia que es más sencillo encontrar la aguja del pajar.
Pero no es solo un asunto del fiscal especializado en Combate a la Corrupción, sino una medida general que no ha considerado el Sistema Nacional Anticorrupción o de Acceso a la Información Pública: hacer pública información de interés público sin asumir que es responsable.
El 26 de diciembre del 2020, desde la tribuna del Palacio Legislativo Federal, la diputada Marcela Velasco González lanzó un llamado a fortalecer el andamiaje jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Se trata de un derecho humano y constituye un principio de protección y tutela de los derechos de toda persona; con esta iniciativa de ley se busca que la investigación emanada de una denuncia anónima esté sustentada en pruebas y en la presunción de inocencia del servidor público, inculpado por faltas administrativas graves”, expuso en un comunicado, el que apuntalaron que con ello, se ib a “la confianza en las instituciones y fomentar la participación ciudadana”, asumiendo desde su curul que todos los mexicanos están conectados a una red social, al internet o telefonía móvil para estar enterados de lo que sucede puertas adentro de las instituciones y denunciar de forma anónima.
En la entidad, el Gobierno se encuentra tan ausente y alejado de los centros de poder que hay comunidades que no tienen acceso a telefonía tradicional o internet, incluso se encuentran aislados del medio de comunicación más tradicional en México: el Periodico Oficial del Estado, que no se ha impreso para su distribución en la entidad desde 2016 y siempre presenta rezagos las versiones digitales que están en la plataforma oficial.
¿Entonces, para qué sirve el Sistema Estatal Anticorrupción?
Por decreto, el año de 2017 vio nacer este sistema, sin embargo, en lo ejecutivo, carece de carácter para actuar de manera independiente, los recursos otorgados no han sido suficientes y durante un largo tiempo ni oficinas tuvo.
Y aunado al problema del presupuesto se encuentra otro gran dilema, ¡nadie denuncia en la rueda de la fortuna del poder! Así como Alfonso Martínez Alcázar un día perdió la contienda contra Raúl Morón en 2018, después Iván Pérez Negrón, gallo de Morena a la alcaldía, perdió en el proceso electoral 2021.
“Se protege desde este poder, por amistad, a funcionarios de primer nivel, dañando profundamente la credibilidad de la institución en el compromiso de combate a la corrupción, y se manda el mensaje que más vale una amistad con los diputados, que la ley. Con estos actos no solo aplica el dicho de que al amigo justicia y gracia, y al enemigo nomás justicia. Se va más allá: al enemigo justicia y al amigo gracia”, sostuvo en la tribuna Raymundo Arreola, diputado del PRI que buscaba devolver funciones al Tribunal de Justicia Administrativa, instancia que sí tenía la capacidad de sancionar actos de corrupción.
Aquella frase fue lapidaria y también reveladora, expresó con claridad lo que cuatro años después acontecería con la serie de denuncias interpuestas por el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla contra la administración de Silvano Aureoles Conejo:
“Este primer paquete implica más de 5 mil millones de pesos, delitos como enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero”, explicó el actual mandatario sobre las primeras cinco denuncias contra la administración 2015 – 2021, pero hasta la fecha nada se ha denunciado desde el Poder Ejecutivo por el caso Odebrecht, acontecido durante la administración del gobernador Leonel Godoy Rangel.
Pero no es solo desde el Poder Ejecutivo o la Fiscalía que se protege a quienes podrían ser sospechosos de actos de corrupción.
El Comité de Participación Ciudadana ha señalado abiertamente que si bien no son un ente que tenga la capacidad de sancionar, si actúa contra presuntos actos de corrupción, ya sea recabando denuncia anónima o a través de notas periodísticas, sin embargo, “al amigo gracia”, así aconteció con Ernesto Nuñez y Miriam Tínoco, entre otros que han adquirido propiedades en zonas exclusivas de la ciudad a precios muy por debajo de la oferta que hay en el mercado.
Refiere el Registro Público de la Propiedad Privada de Michoacán, que permite la consulta a todo ciudadano, que entre el 2010 y el año pasado, Ernesto Núñez, diputado por el Partido Verde Ecologista ha adquirido ocho propiedades valuadas en costos por debajo de los 400 mil pesos en zonas exclusivas, mientras que la ex diputada Miriam Tínoco también adquirió un grupo de viviendas y lotes mientras era funcionaria, pero no hubo denuncias ni anónimas ni desde el Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción, quedando el hecho, en solo una investigación periodística.
