Por Luis Ventura
México firmó la Convención y ratificó su Protocolo Facultativo el 30 de marzo de 2007, convirtiéndose así en parte de los Estados comprometidos a proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, con miras a una sociedad mundial inclusiva.
La adopción de este documento, que tiene el carácter de instrumento jurídico vinculante, obliga a los Estados que lo ratifiquen a adoptar y desarrollar políticas de no discriminación y medidas de acción en favor de los derechos de las personas con discapacidad específicamente, así como a adaptar sus ordenamientos jurídicos para que puedan hacer valer sus derechos, reconociendo su igualdad ante la ley y la eliminación de cualquier tipo de práctica discriminatoria.
El artículo 11 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, insta a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.
Artículo 11 Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.
Es preocupante que se den en la vida cotidiana ciertos tipos de discriminación hacia las personas con discapacidad, en especial ahora en cuanto a los servicios primordiales de salud. Una persona con esta condición debe contar con información especializada para hacerle frente desde su entorno al Covid-19; es vital contar con orientación profesional del sector Salud, para con ello asegurar durante el tiempo de alerta sanitaria los servicios de apoyo, asistencia de personal, accesibilidad física, cognitiva y de comunicación a las personas con discapacidad.
Por ello insto a las autoridades responsables de los tres niveles de gobierno se atienda los grupos vulnerables más olvidados como lo es el sector con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales, psíquicosociales, viscerales y múltiples; a los cuales les debe llegar de forma general y sin discriminación el material de protección y las pruebas de diagnósticos del covid-19.
Además, este grupo del que estoy hablando enfrenta desventajas sociales y económicas, porque su condición les impide abastecerse de las provisiones necesarias para enfrentar el confinamiento decretado por las autoridades del Gobierno “Quédate en Casa”; esto sin tomar en cuenta, que un gran porcentaje vive financieramente al día, por lo que es urgente se les daba apoyar con despensas alimenticias, de productos de limpieza, cubre bocas y gel antibacterial.
En cuanto logremos superar la crisis sanitaria será importante incluir a este sector en el motor de reactivación económica de México, para que logren mejorar sus finanzas, su autonomía personal, sus condiciones de accesibilidad universal, la inclusión laboral, y conseguir se sigan garantizando las políticas públicas en materia de discapacidad.
Fuente: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
