Por: Redacción.
Morelia, Michoacán. – El alcalde de Panindícuaro, Héctor Johnny Ayala Miranda, denunció al ex presidente municipal y ex alcalde de ese mismo municipio, Manuel López Meléndez, por el presunto desvío de más 4 millones de pesos destinados a un programa de viviendas del gobierno federal, así como por probable fraude en contra de 73 familias que esperanzadas buscaban tener un hogar.
En conferencia de prensa, el morenista informó que la propia Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), detuvo las gestiones que Ayala Miranda pretendió a inicios de su gestión, además de que solicitó al Ayuntamiento la devolución de 4 millones 642 mil 800 pesos, más intereses porque incumplió con las reglas de operación que establece el programa de Vivienda Digna, y que funcionaba de manera tripartita Federación, Municipio y beneficiarios.
“La Sedatu me solicitó el reintegro del recurso económico otorgado en aquel año de 2014, más las cargas financieras y los intereses generados por la estadía de los recursos económicos durante todo este tiempo”, detalló el munícipe, quien dijo al inicio de su administración no fue informado de dicha deuda ignorando el porque fue omiso su predecesor; y que no le fue notificado sino hasta hace tres meses.
Por si fuera poco, reveló que, según lo que pudo investigar, la administración del también ex diputado local del PRD reclamó hasta 50 mil pesos por familia beneficiaria, a pesar de que las reglas de operación del programa establecían una cantidad de 10 mil pesos, y que aparentemente aprovechando su postura privilegiada, López Meléndez metió al padron dde beneficiarios a sus familiares de Meléndez y a algunos funcionarios de su administración, incluido su tesorero municipal, Fernando Calderón, quien fue electo para el periodo (2015 – 2018).
Por ahora solo reclama que se aclare a donde fueron a parar estos cuatro melones, así como el dinero de la gente, porque en la búsqueda que se hizo en las finanzas del ayuntamiento no aparecen, pero en el peor de los escenario se dará parte a la representación social para que rinda cuentas a la justicia.
